28. Januar 2026
El argumento de que un ataque militar estadounidense podría conducir a una transición democrática en Venezuela no puede legitimar una intervención que viola el derecho internacional. No obstante, muchos venezolanos y venezolanas esperan que dicha intervención dé lugar a una apertura democrática. Esta aspiración merece apoyo internacional, también desde Europa.
En la discusión internacional sobre la legitimidad y las consecuencias de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la cuestión de un posible cambio de régimen (regime change) desempeña un papel destacado. Como ha expuesto Thilo Marauhn en el blog del PRIF, para la clasificación jurídica del ataque militar como una clara violación de la prohibición del uso de la fuerza en el derecho internacional resulta irrelevante si la Administración Trump pretende forzar un retorno a la democracia en Venezuela. Sin embargo, las reacciones internacionales – en particular de los gobiernos europeos y de la diáspora venezolana – muestran que la pregunta por los objetivos de la intervención y sus posibles consecuencias políticas en Venezuela influye en la evaluación política del proceder estadounidense. En este sentido, la cuestión del regime change es relevante para la justificación de la intervención ilegal y su legitimidad ante la opinión pública internacional.
En este artículo sostenemos que el intento de algunos gobiernos europeos de conferir cierta legitimidad a la intervención estadounidense destacando la posibibilidad de una transición democrática resulta, en realidad, poco convincente. Para la administración estadounidense, un eventual cambio de régimen en Venezuela ha desempeñado hasta ahora, en el mejor de los casos, un papel marginal. En consecuencia, tampoco se vislumbran perspectivas políticas concretas para una apertura democrática en el país. Al mismo tiempo, subrayamos que las voces de los venezolanos y las venezolanas – que por necesidad se expresan actualmente sobre todo desde la diáspora – deben ser tomadas en serio y que la perspectiva política de una posible apertura democrática no debe perderse de vista en el ámbito internacional.
“Regime Change” como justificación precaria de la intervención de Estados Unidos
Varios gobiernos europeos, entre ellos el alemán, destacaron en sus declaraciones la falta de legitimidad democrática de Maduro, su estilo de gobierno autoritario y el objetivo de una transición democrática. Esto se reflejó, por ejemplo, en la declaración del canciller Friedrich Merz del 3 de enero y en la de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, del 5 de enero. Estas retóricas, orientadas a conferir un halo de legitimidad a una acción claramente contraria al derecho internacional, resultan problemáticas por dos razones: en primer lugar, por consideraciones de cuestiones empíricas y, en segundo lugar, por razones de índole más bien paradigmática.
En primer lugar, los propios Estados Unidos no vincularon la intervención a ninguna exigencia explícita de cambio democrático. En la rueda de prensa del 3 de enero de 2026, el presidente estadounidense Trump subrayó que con Maduro se había derrocado a un “dictador fuera de la ley” (outlaw dictator) o “dictador ilegítimo”, pero no mencionó la palabra “democracia” y se refirió al objetivo de un regime change solo de manera indirecta. No resulta sorprendente: durante su primer año en el cargo, Trump no ha dejado dudas de su escaso respeto por los procesos democráticos ni de su disposición a cooperar con regímenes autocráticos. En consecuencia, la declaración se centró en la acusación de “narcoterrorismo” de la que Maduro sería responsable, así como en el objetivo de asegurar el control estadounidense sobre los recursos petroleros de Venezuela. La democracia tampoco aparece en la declaración del embajador estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se minimiza la intervención militar como una simple “law enforcement operation” contra un “indicted narcotrafficker”.
Los acontecimientos sobre el terreno también contradicen hasta ahora la existencia de una intención seria por parte de la política estadounidense de promover un cambio de régimen. La intervención se centró, en última instancia, en el secuestro y, por lo tanto, en la destitución de facto de Maduro. Como consecuencia, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez pudo asumir la presidencia no solo conforme con la Constitución, sino también con el consentimiento de la Administración Trump, garantizando así la continuidad del régimen chavista hasta nuevo aviso. Es cierto que el plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, incluye una “transición” como último paso. Sin embargo, esta fase no ha sido concretada ni se ha fijado una fecha para su ejecución. En primer lugar, la Administración Trump parece preocuparse de forma explícita por estabilizar la situación en Venezuela, con el objetivo de garantizar el acceso estadounidense a las reservas de petróleo venezolanas y reducir la influencia de potencias extrarregionales rivales como China y Rusia. Todo ello sugiere que la intervención militar estadounidense constituye una expresión de un imperialismo abierto, que ya ni siquiera pretende justificarse en nombre de objetivos comunes o valores universales.
En segundo lugar, sería excesivamente simplista lamentar que el gobierno estadounidense no haya aprovechado la “oportunidad” que le brindaba la intervención militar para llevar a cabo una invasión a gran escala destinada a imponer un verdadero cambio de régimen, siguiendo el patrón de las intervenciones en Irak (2003) o Panamá (1989/1990). Si bien las comparaciones entre países y contextos tan diferentes tienen límites evidentes, la investigación sobre la promoción de la democracia muestra con claridad que un cambio de régimen impuesto por la fuerza militar solo tiene éxito en casos excepcionales y bajo condiciones muy específicas. Por un lado, la democratización impuesta desde fuera agudiza los dilemas inherentes a la promoción externa de la democracia. El problema central radica en que la intervención de actores externos termina contradiciendo el objetivo perseguido: la autodeterminación democrática del pueblo. Asimismo, el riesgo de violencia – presente en cualquier proceso de democratización – aumenta de manera significativa cuando el cambio de régimen es forzado desde fuera. En el caso de Venezuela, el International Crisis Group ya ha advertido sobre el peligro real de una escalada de violencia en un escenario post-Maduro. Esta podría producirse si unidades militares se opusieran al cambio o si actores armados no estatales – como las milicias urbanas o el ELN colombiano – aprovecharan el vacío de poder resultante.
El cambio democrático como posible consecuencia indirecta de la intervención
En este sentido, es una buena noticia que la opción de un cambio de régimen en Venezuela impuesto mediante una invasión militar parezca, por el momento, descartada. No obstante, sigue siendo fundamental la cuestión de si la intervención estadounidense puede conducir, al menos de forma indirecta, a un cambio democrático en Venezuela, especialmente desde la perspectiva de los venezolanos y las venezolanas dentro y fuera del país. Resulta comprensible que numerosos venezolanos en la diáspora reaccionaron con alivio o incluso con alegría abierta ante la captura de Maduro. Si bien algunos rechazaron la intervención estadounidense en sí, muchos de ellos expresaron al mismo tiempo su esperanza en una transición democrática, por ejemplo en España y también en Alemania (véase aquí y aquí).
Cabe suponer que esta expectativa es compartida también por una gran parte de la población dentro de Venezuela, aunque apenas pueda expresarse públicamente debido a las condiciones represivas que siguen imperando en el país. Es evidente que el régimen represivo de Maduro había reducido drásticamente las posibilidades de promover un cambio democrático desde el interior de Venezuela. A más tardar tras las elecciones de 2024 – en las que todo indica que el candidato opositor Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos – la vía hacia una transición impulsada internamente parecía estar prácticamente agotada. Al mismo tiempo, es poco probable que el plan de Trump de mantener un control indefinido sobre Venezuela cuente con apoyo amplio en el país. También las voces esperanzadas de la diáspora venezolana se vieron rápidamente acompañadas por la preocupación ante una posible subordinación de Venezuela a un control directo por parte de Estados Unidos, tal como fue reivindicado por Trump.
Implicaciones para Europa
Para los Estados europeos, la intervención militar estadounidense en Venezuela no implica únicamente la responsabilidad de posicionarse con claridad en contra de la violación del derecho internacional y de forjar alianzas frente al continuo socavamiento del orden internacional. Al mismo tiempo, deben aprovechar su propio margen de maniobra para maximizar las oportunidades que la destitución de facto de Maduro aún ofrece para un cambio democrático en Venezuela.
El compromiso europeo para apoyar a una transición democrática podría basarse en tres pilares:
- Cooperación con Estados Unidos: Independientemente de cómo evolucione la estrategia de la Administración Trump respecto a Venezuela, Estados Unidos seguirá siendo, al menos por el momento, un actor clave en términos de poder político para el futuro desarrollo del país sudamericano. Por ello, no existe una alternativa realista a la cooperación europea con Estados Unidos. El Gobierno español – que, junto con países latinoamericanos como Brasil, Colombia y México, publicó una declaración clara contra la intervención militar estadounidense y, al mismo tiempo, entabló conversaciones con el gobierno estadounidense sobre una posible transición democrática – demuestra que la condena de una intervención contraria al derecho internacional y el diálogo sobre las perspectivas políticas de Venezuela no son incompatibles. El plan de tres fases anunciado por Rubio ofrece, en este sentido, una suerte de “puerta abierta” para dicho compromiso, precisamente porque es probable que la propia Administración Trump aún no tenga claro cómo debería configurarse exactamente la fase de transición. Para ello será decisiva una línea europea unificada.
- Incentivos y ofertas de cooperación para la parte venezolana: Una apertura democrática en Venezuela solo será posible si se logra convencer al gobierno de transición de aceptar una forma de transición pactada. Esto dependerá, entre otras cosas, de que la Administración Trump y el gobierno venezolano encabezado por Rodríguez no acuerden una constelación en la que el régimen chavista se consolide internamente y, al mismo tiempo, se presente externamente como un socio menor fiable de los Estados Unidos. El compromiso europeo no debería limitarse a no perder de vista el objetivo de una apertura democrática – cualquiera que sea su forma – ni únicamente a crear condiciones marco favorables. Además, los actores europeos deberían instar a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a diseñar un proceso lo más inclusivo posible. Junto a las figuras y corrientes centrales de la fragmentada oposición venezolana, debería incorporarse un espectro más amplio de actores políticos y de la sociedad civil, incluidas fuerzas (antiguamente) chavistas. Asimismo, Europa debería trabajar para que un eventual proceso de transición no se centre exclusivamente en la celebración de elecciones, sino que, como proceso de transformación social con múltiples condiciones previas, aborde una amplia gama de desafíos políticos, económicos y sociales a medio y largo plazo. Además del restablecimiento de la independencia judicial y las garantías de la participación política, del espacio cívico y del trabajo periodístico, esto incluye cuestiones complejas como la superación del pasado y la reconciliación social, la reforma del sector de la seguridad y las medidas contra la pobreza y la desigualdad social, junto con una diversificación gradual del modelo de desarrollo extractivista. Como claro contrapunto a las aspiraciones imperialistas de Trump, el principio rector fundamental de la actuación europea debería ser que el contenido y diseño de este proceso de transformación sea responsabilidad de los propios venezolanos y venezolanas, y que el papel de los actores externos se limita a apoyar los procedimientos y las condiciones marco para un cambio autodeterminado.
- Involucrar a los socios regionales: Colombia y Brasil, en particular, pueden desempeñar un papel importante en un proceso de transición gradual y negociado. Dada la frágil situación de seguridad y la presencia de grupos armados colombianos como el ELN en Venezuela, Colombia se ve directamente afectada por los acontecimientos en el país vecino. Por ello, una estrategia europea hacia Venezuela debería desarrollarse y aplicarse en estrecha coordinación con los socios latinoamericanos, entre otros motivos para contrarrestar la influencia y la actitud poco favorable a la democracia del gobierno estadounidense.
El ataque militar estadounidense contra Venezuela y la destitución de facto del jefe de Estado Maduro han marcado el inicio de una nueva etapa en el desarrollo político de Venezuela, que conlleva riesgos considerables, pero también abre nuevas oportunidades. Por mucho que lo deseen amplios sectores de oposición dentro y fuera de Venezuela, actualmente no se vislumbra una transición democrática. El gobierno de transición venezolano parece centrado en afianzar su poder, y también en la Administración Trump predominan, por el momento, otras prioridades.
En este contexto, los actores europeos y latinoamericanos disponen de un margen de influencia limitado, pero deberían aprovecharlo para promover una evolución hacia un cambio democrático lo más inclusivo y autónomo posible en Venezuela. En cualquier caso, resultaría poco compatible con la pretensión de Alemania y de Europa de llevar a cabo una política exterior basada en normas y valores aceptar ahora – tras las reacciones excesivamente cautelosas a la intervención estadounidense contraria al derecho internacional – el escenario que actualmente se perfila: la continuidad de un régimen autoritario bajo la tutela de la Administración Trump.
